Cobrar la pensión en Marruecos sale caro: la Justicia exige devolver 32.857 euros

Imagina estar cobrando tu paga mensual mientras disfrutas de largas temporadas en el extranjero, hasta que la Administración revisa tu expediente y pide cuentas. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a una pensionista de 77 años que viajaba con frecuencia a Marruecos, donde llegó a pasar un total de 680 días repartidos en semanas y meses. Durante todo ese tiempo, la mujer siguió percibiendo su prestación puntualmente sin que nadie pusiera el foco en sus desplazamientos, hasta que saltaron las alarmas.

La ayuda que percibía desde diciembre de 2013 era una pensión de invalidez no contributiva. Para entenderlo con una analogía sencilla, este tipo de prestación funciona como una suscripción territorial del Estado: no exige haber cotizado previamente los años de trabajo habituales, pero tiene una cláusula de permanencia estricta que exige residir legalmente en España. Si te mudas o pasas demasiado tiempo fuera de la zona permitida, la suscripción pierde su validez.

En el caso de esta pensionista, la cuantía rondaba los 604 euros mensuales, a los que se sumaba un pequeño complemento de unos 37 euros. Sin embargo, para mantener el derecho a percibir este dinero era imprescindible acreditar la discapacidad y mantener la residencia efectiva en suelo español. Acumular casi dos años de estancia en el país vecino rompía por completo la regla del juego.

El balance tras la intervención judicial no ha sido nada positivo para la protagonista. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revisado su caso y ha dictaminado que, al no residir en España, no tenía derecho a la prestación. La consecuencia definitiva es que la pensionista tendrá que reembolsar un total de 32.857,20 euros por haber incumplido los requisitos exigidos.

Este caso demuestra que los controles administrativos sobre los requisitos de las ayudas públicas terminan llegando tarde o temprano. ¿Qué opina la comunidad de BeersStorming sobre el cumplimiento de los criterios de residencia en las prestaciones públicas?