El debate jurídico de la 'ley de nietos' sacude las elecciones del 29-N
La Ley de Memoria Democrática plantea un complejo dilema legal sobre el voto desde el extranjero ante las próximas elecciones del 29-N.

Las elecciones del 29-N se acercan y el ambiente no solo se está caldeando en los mítines, sino también en los despachos judiciales. La convocatoria anticipada ha desencadenado un intenso debate jurídico que ha salpicado de lleno al Tribunal Supremo, a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a la Junta Electoral Central.
En el centro de este enredo se encuentra la conocida popularmente como 'ley de nietos', que no es otra cosa que la disposición octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Esta normativa permitió a descendientes de españoles nacidos en el extranjero, cuyos padres o abuelos sufrieron exilio, solicitar la nacionalidad española de sus ancestros.
La ley daba inicialmente un plazo de dos años para realizar este trámite, aunque posteriormente la medida se prorrogó hasta octubre de 2025. Esto ha provocado la llegada de miles de nuevos españoles al CERA, que vendría a ser como el padrón oficial donde se inscriben los ciudadanos que votan desde el extranjero.
El gran quebradero de cabeza para los servicios jurídicos del Estado reside en decidir qué hacer exactamente con las inscripciones de estos votantes de cara a las urnas de noviembre. La controversia jurídica está servida y ha puesto sobre la mesa la duda sobre el peso real que tendrán estos sufragios en las próximas elecciones.
Lo que nació como un trámite de reparación histórica se ha convertido en una auténtica patata caliente en el panorama preelectoral. ¿Qué pensáis en la comunidad BeersStorming sobre este laberinto legal antes de ir a votar?
Fuente original: Xataka
